Por: Miguel Ramírez / Periodista de investigación

‘NO PODEMOS PERDER EL CALLAO, HERMANO’, le dice el hoy preso expresidente de la Corte Superior del Callao, , al vocal supremo suspendido , en una de las escuchas legales que desde hace tres semanas tienen en vilo al país.

La conversación es la prueba irrefutable que -desde hace varias décadas- la mafia de malos magistrados controlaba y no quería perder el manejo de esa jurisdicción, en donde diariamente se ventilan los más grandes casos de narcotráfico y el crimen organizado.

“Hay que pulverizar el Poder Judicial del Callao. Allí están enquistados muchos jueces, que han sido denunciados ante la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA), pero nunca les ha pasado nada o son protegidos”, me dice una fuente judicial.

La OCMA es el organismo de control más importante del que se encarga de investigar y sancionar a los jueces corruptos.

En efecto, uno de esos magistrados cuestionados es el vocal Daniel Peirano Sánchez, quien fue presidente de dicha corte superior y hoy preside la Cuarta Sala Penal Liquidadora Permanente.

En uno de los ‘audios de la vergüenza’, dicho magistrado y Walter Ríos acuerdan componendas para seguir manejando las salas. Pero lo que nadie sabía, hasta hoy, es que Daniel Peirano tiene en la actualidad una gravísima acusación. Todos esperan que esta vez no se salve, tal como ocurrió con otras denuncias que tuvo hace unos años: por aceptar un hábeas corpus de un capo del narcotráfico que se dio a la fuga, y por pedir dinero y un terno a un litigante.

EL JUEZ EN ACCIÓN

Según documentos obtenidos, en enero de este año la OCMA le abrió un proceso disciplinario por haber querido influir y presionar a la jueza Julia Vivero Diez, para favorecer a las empresas Lomas de Oquendo SAC, Inversiones Euskaro S.A. y Servicios Villamor.
Durante el interrogatorio, Vivero detalló el irregular requerimiento que le hizo el vocal Daniel Peirano el año 2012, cuando era presidente de la Corte del Callao.

“Entre abril y mayo del 2012, el presidente me convocó a su despacho para preguntarme en relación del expediente 5287-2009 (vinculado a las empresas referidas). Me pidió que aplique los plenos jurisdiccionales para no realizar un desalojo o lo declare inejecutable (como querían esas compañías)”, dijo la jueza.

Vivero afirmó que también le sorprendió que Daniel Peirano tenía en su poder la documentación “que la familia Mujica (dueña de las empresas) y su abogado Condorcarhuana habían pretendido entregarme y que les dije que debían presentarlo por escrito”.

La letrada declaró que Daniel Peirano se alteró cuando ella le respondió que, como jueza, tomaba sus decisiones conforme a la ley. Días después, el magistrado la sacó de su puesto. En reemplazo nombró a una nueva jueza, quien sí accedió a su pedido y detuvo el desalojo.

OTRA ‘PERLA’

Pero hay más. Daniel Peirano también es investigado por la OCMA por el caso de otra magistrada llamada Vilma Núñez Román. El año 2015, Núñez fue denunciada por prevaricato por una fiscalía del Callao, que pidió 3 años de prisión para ella.

El caso llegó donde el juez Víctor León Montenegro, quien absolvió a Núñez. (León fue detenido el domingo, pues formaba parte de la red de corrupción del vocal Walter Ríos)

Una fiscalía apeló el fallo de ese juez y el proceso subió a la Cuarta Sala Penal del Callao, cuyo presidente era -¡oh, sorpresa!- el mismísimo vocal Daniel Peirano.

Pese a que hubo pedidos para que se inhibiera del caso por falta de imparcialidad, Daniel Peirano no se retiró. Como era de esperarse, finalmente, falló a favor de la inocencia de Núñez.

¿Por qué Daniel Peirano no se apartó de ese caso y terminó favoreciendo a la magistrada Núñez? En la misma investigación que tiene la OCMA, existe un testimonio lapidario en contra de Peirano. Según esta versión, Núñez tendría en su poder un audio de la conversación que sostuvo con Daniel Peirano, cuando le pidió que fallara a favor de una empresa privada.

Los implicados no han querido declarar por tratarse de una investigación reservada.

“La OCMA no ha funcionado”, dijo en su discurso el presidente Martín Vizcarra. El caso Daniel Peirano parece darle la razón.

Los peruanos, sin embargo, esperamos que esta vez la OCMA, que dirige la magistrada Ana María Aranda, actúe con rapidez y justicia. Porque justicia que tarda no es justicia. Nos vemos el otro martes.

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