Indecopi. (Foto: Jesús Salcedo / GEC)
Indecopi. (Foto: Jesús Salcedo / GEC)

Luego de una denuncia que Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. y Empresa Editora El Comercio realizaron en 2017, Indecopi emitió la resolución en primera instancia del proceso sancionador por prácticas anticompetitivas en perjuicio del Estado seguido contra empresas de la industria gráfica entre las que figuran ambas. En el procedimiento, el Indecopi ha sido explícito en el reconocimiento de la contribución de Empresa Editora El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. en el descubrimiento y esclarecimiento del caso.

Como se recuerda, en setiembre de 2017, a través de los mecanismos de control y cumplimiento, Empresa Editora El Comercio S.A. detectó indicios de que exfuncionarios habrían incurrido en prácticas anticompetitivas; en esta línea de negocio ajena a los medios informativos del Grupo El Comercio.

La confirmación de estos indicios mediante un peritaje forense encargado a la auditora EY, condujo a que Empresa Editora El Comercio S.A. y Amauta Impresiones Comerciales S.A.C. denunciaran la infracción administrativa ante Indecopi. Desde ese momento prestaron estrecha cooperación al ente regulador.

El procedimiento incluye a la Unidad de Servicios Empresariales (negocio consolidado desde el 2014 en Amauta Impresiones Comerciales S.A.C.), Metrocolor S.A., Quad/Graphics Perú, y Corporación Gráfica Navarrete S.A..

“Hemos hecho lo correcto al ser proactivos y denunciar la mala práctica cuando la detectamos”, señala Gabriel Miró Quesada Bojanovich, presidente del Directorio del Grupo El Comercio. “Son las empresas las primeras interesadas en contar con un entorno de negocio basado en la competencia”, añadió el ejecutivo.

“Mantendremos la misma línea de conducta íntegra, no apelaremos la resolución y asumiremos las consecuencias que correspondan, incluso la reparación económica a la entidad estatal afectada”, concluyó.

Además de colaborar con la autoridad para el pleno esclarecimiento de los hechos, ambas empresas implementaron un agresivo programa de fortalecimiento de sus sistemas de vigilancia y cumplimiento. “Se actualizó el Código de Ética, se aprobó una Política de Libre Competencia, se designó un Oficial de Cumplimiento, se relanzó la línea de denuncias, y se emprendió un exhaustivo programa de capacitación y certificación que ha abarcado a más de 700 colaboradores”, informó Miró Quesada Bojanovich.

“Nuestro compromiso con las mejores prácticas empresariales, en particular las de libre mercado y cumplimiento, es genuino y firme”, finalizó.

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