La disputa entre y el llegó hasta la . La corte ordenó al Estado peruano suspender el procedimiento de acusación constitucional que se le imputa a los cuatro miembros del .

“(Se resuelve) requerir al Estado que suspenda inmediatamente el procedimiento de acusación constitucional seguido contra los magistrados Manuel Miranda, Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Eloy Espinosa-Saldaña, hasta que el Pleno de la Corte conozca la solicitud de medidas provisionales durante su 121 Período Ordinario de Sesiones, que celebrará en su sede en San José, Costa Rica, del 29 de enero al 9 de febrero de 2018”, se lee en la resolución.

La resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos obliga al Estado peruano a acatar la orden y suspender el proceso contra los miembros del Tribunal Constitucional. Es decir, el Congreso (de mayoría fujimorista) debe cesar los intentos de destituir a los cuatro magistrados del TC.

Como se recuerda, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó destituir e inhabilitar por diez años a Eloy Espinosa-Saldaña. Además, la misma subcomisión pidió la suspensión para otros 3 magistrados: Marianella Ledesma, Carlos Ramos y Manuel Miranda Canales.

La resolución de la CIDH se presenta como una medida provisional, hasta que reúnan la información necesaria para presentar su decisión final.  La corte también ha dado plazo a los representantes de las víctimas (del caso Frontón) hasta 10 de enero de 2018 para presentar la información solicitada.

Como era de esperarse, la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido muy comentada por los ciudadanos y los representantes del Estado. En las redes sociales, muchos celebraron la decisión de la CIDH.

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