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dispuso la creación de una comisión multisectorial que hará seguimiento a las víctimas de las del 10 y 14 de noviembre, las cuales se convocaron en contra del Gobierno de Manuel Merino, como también de los afectados en las producidas del 1 al 3 en las que se exigió la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria.

La indica que este grupo estará vigente por 180 días y estará presidido por un representante del sector Justicia.

Además, contará con la participación de representantes de la Presidencia del Consejo de Ministros, del Ministerio de Salud, del Ministerio del Interior, del Ministerio de Educación, del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Seguro Integral de Salud, de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos y de las familias de las personas fallecidas y heridas de gravedad en las referidas movilizaciones.

Las funciones del grupo de trabajo serán las siguientes:

  • Realizar el seguimiento de las acciones y medidas referidas a la atención en materia de salud física y mental, para los deudos de las personas fallecidas, así como para las personas que sufrieron lesiones de gravedad y sus familiares directos, en el contexto de las movilizaciones a las que se refiere el artículo 1 de la presente Resolución Suprema.
  • Realizar el seguimiento de las acciones y medidas en materia de educación, trabajo, seguridad, entre otras que, en el marco de sus competencias, pueda adoptar el Poder Ejecutivo en beneficio de los deudos de las personas fallecidas, así como de las personas que sufrieron lesiones de gravedad, en el contexto de las movilizaciones a las que se refiere.

Durante estas manifestaciones se produjo , el 3 de diciembre. Además, en ambas marchas se registraron heridos. Las investigaciones por estos casos están a cargo del Ministerio Público.

El pasado 16 de noviembre, la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, anunció el inicio de una investigación preliminar contra el expresidente Manuel Merino de Lama; el renunciante primer ministro, Ántero Flores-Aráoz y el saliente titular del Interior, Gastón Rodríguez, por el presunto delito de homicidio culposo de Jack Bryan Pintado Sánchez y Jordan Inti Sotelo Camargo.



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