Jaime Quito, de Perú Libre, defendió el proyecto de ley que establece que el Gobierno controle el contenido de los medios de comunicación. (Foto: César Campos / Archivo GEC)
Jaime Quito, de Perú Libre, defendió el proyecto de ley que establece que el Gobierno controle el contenido de los medios de comunicación. (Foto: César Campos / Archivo GEC)

El congresista Jaime Quito (Perú Libre) defendió el proyecto de ley que planeta que el Gobierno controle el contenido de medios de comunicación en situaciones especiales. Explicó que el Estado está en la obligación y el derecho de “defender” a su población, en especial a la más vulnerable como los niños.

En declaraciones a la prensa esta mañana, el legislador oficialista precisó que con esta norma no se busca cerrar programas, sino establecer “reglas o requisitos”. Agregó que si bien existe mecanismos de autorregulación, es necesario una ley para que esto se dé en la práctica.

“El Estado tiene todo el derecho de proteger a su población. No estamos diciendo que vamos a cerrar programas, vamos a poner reglas o requisitos para que se adecúen a una adecuada llegada la población”, refirió.

[Los mecanismos de regulación] no se están cumpliendo, hay que hacer otra noma que diga que se cumplan las normas, es importante decir que hay sectores de la población que no se les considera su opinión. Lo que señalamos es que no hay espacios sacrosantos, nadie tiene ya una situación en la que no se le puede toca. El Legislativo tiene que proteger a su población a su población menor”, agregó.

El proyecto de ley N°00269/2021-CR que busca declarar de necesidad pública e interés nacional “la justa y equitativa distribución del espectro electromagnético y radioeléctrico en radio, televisión, y otros medios de comunicación, y la transmisión en el territorio nacional”.

La propuesta implica el control de contenidos en medios de comunicación y que en caso de emergencia, el Gobierno podría dictar medidas “temporales” que deberán ser cumplidas por los operadores, proveedores y usuarios de telecomunicaciones.

También refiere que el Gobierno “con carácter excepcional y transitorio”, podría asumir temporalmente la prestación directa de determinados servicios o explotación de redes de telecomunicación.