La Contraloría solicitó al Ministerio de Salud “brindar las facilidades” para la “recopilación de información para fines de control” sobre el caso del contrato firmado entre la empresa del hermano del ministro Torres y el Centro de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares). . (Foto: Hugo Pérez / GEC)
La Contraloría solicitó al Ministerio de Salud “brindar las facilidades” para la “recopilación de información para fines de control” sobre el caso del contrato firmado entre la empresa del hermano del ministro Torres y el Centro de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares). . (Foto: Hugo Pérez / GEC)

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El ministro de Justicia y Derechos, Aníbal Torres, negó haber favorecido a sus familiares en contrataciones con el Estado. En sus redes sociales señaló que no ha tenido contacto sobre las actividades económicas con sus hermanos ni cuñadas, ni con las entidades con quienes realizan estas actividades.

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“Los golpistas y su prensa aliada creen que la ley me prohíbe tener hermanos y cuñadas con quienes no he cruzado una palabra sobre sus actividades económicas ni con las entidades con quienes las realizan”, escribió en su cuenta de Twitter.

Afirman que he favorecido a parientes en el ejercicio de mi función como ministro. Recomiendo que lo antes posible presenten a todos los peruanos y peruanas las pruebas, siquiera una, sobre esas aseveraciones totalmente irresponsables”, agregó en otro mensaje.

El pasado 18 de noviembre, la Contraloría solicitó al Ministerio de Salud “brindar las facilidades” para la “recopilación de información para fines de control” sobre el caso del contrato firmado entre la empresa del hermano del ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, y el Centro de Abastecimiento de Recursos Estratégicos de Salud (Cenares).

El caso

Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), afirmó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que una empresa de Víctor Antonio Torres, hermano del ministro Aníbal Torres, firmó un contrato de 14 millones de soles con el Estado en agosto pasado, cuando él supuestamente ya desempeñaba su actual cargo.

Sin embargo, la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, afirmó que se trataría de adjudicaciones que se realizaron “mucho antes de que asumiera el ministro” de Justicia y Derechos Humanos.

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