Funcionarios de Migraciones dilataron sin justificación compra de 700 mil pasaportes electrónicos y ocasionaron desabastecimiento. (GEC)
Funcionarios de Migraciones dilataron sin justificación compra de 700 mil pasaportes electrónicos y ocasionaron desabastecimiento. (GEC)

La Contraloría indicó quepese a ser advertidos en agosto del 2021 del incremento de demanda, stock limitado y riesgo sobre un inminente desabastecimiento; a inicios del año 2022, dilataron sin justificación el proceso de compra de 700 mil libretas para pasaportes electrónicos y láminas de seguridad. Ello causó el desabastecimiento y suspensión de la atención, lo que afectó la continuidad del servicio y el derecho a libre tránsito de los usuarios que perdieron sus vuelos internacionales.

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, el 11 de agosto de 2021, la Dirección de Operaciones de Migraciones (DIROP) requirió a la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) iniciar el estudio de mercado para la compra de los mencionados insumos para mantener la continuidad del servicio, ya que, según informaron a la última semana de julio de 2021, el stock era de 463.000 pasaportes y que se proyectaba estarían agotados en más del 90% de sus sedes al inicio del año siguiente.

Posteriormente, en octubre de 2021, se alertó que el stock bajó a 299.410 pasaportes, y que el 2022 solo quedaba un saldo de 116.806, lo que cubrió la expedición de pasaportes hasta febrero de ese año, afectando seriamente la prestación del servicio ya que, como es de conocimiento público, en abril de 2022 el escenario fue de desabastecimiento.

Como se conoce, desde abril de 2022 se suscitaron problemas en la atención de usuarios que requerían obtener pasaporte electrónico de urgencia sin previa cita para salir del país en la sede de Migraciones y el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, lo que generó que muchas personas pierdan sus vuelos por no poder obtener dicho documento de viaje, no necesariamente por fallas del sistema informático, sino por la limitación de insumos para la cantidad considerable de usuarios, como comprobó el Órgano de Control Institucional (OCI) de Migraciones”, indicó la Contraloría.

Responsables

Según el Informe de Control Específico N° 012-2022-2-5996-SCE (Periodo de evaluación del 1 de abril al 12 de noviembre de 2021), lo ocurrido pudo ser mitigado con anticipación, por lo que se halló la presunta responsabilidad de cuatro funcionarios y/o servidores de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) y de la Unidad de Abastecimientos (UA) de Migraciones que hicieron caso omiso a la alerta generada por la propia entidad.

La situación fue originada por el accionar de dichos funcionarios, quienes tomaron la decisión tardía de realizar la compra mediante contratación de licitación pública, dilatando el plazo de manera innecesaria durante las indagaciones de mercado, y no consideraron lo advertido por la Dirección de Operaciones de Migraciones, en su condición de área usuaria, acerca de desabastecimiento una vez culminado el mes de febrero de 2022, situación que se debió prever en su momento.

Los funcionarios de las áreas mencionadas dilataron sin justificación la etapa de indagación de mercados que había concluido el 29 de setiembre de 2021 con la cotización de la empresa que venía siendo proveedora de insumos de Migraciones.

Argumentando propiciar la pluralidad y a responder observaciones a las especificaciones técnicas que ya habían sido absueltas por las áreas especializadas, retrotrajeron todo el proceso nuevamente a la etapa de absolución de consultas extendiendo hasta el 3 de noviembre de 2021 la fecha para obtener por segunda vez cotizaciones, recibiendo la respuesta de la empresa que venía siendo proveedora de Migraciones y de una empresa lituana.

Decisión tardía

Con esa información, los funcionarios recién decidieron que la compra se realice por medio de una licitación pública, lo que fue una decisión tardía, sin tomarse en cuenta los plazos para realizar pruebas de calidad, marcha blanca (pruebas con el sistema), entre otros puntos que significaban un plazo adicional de 190 días calendario para que Migraciones disponga de los insumos y expedir pasaportes.

El 12 de noviembre de 2021 se convocó al procedimiento de licitación pública N° 005-2021-MIGRACIONES (Primera Convocatoria) para el suministro de 700 mil libretas de pasaporte electrónico y láminas de seguridad, que el 26 de enero de 2022 se adjudicó a la misma empresa que era proveedora, por S/ 14 336 000, suscribiéndose el contrato el 7 de febrero de 2022, con plazo de entrega de 120 días calendario, siendo la primera entrega de 300 mil pasaportes hasta el 13 de mayo de 2022 (hecho que aconteció el 11 de abril de 2022 con el adelanto de 100 mil pasaportes).

En ese sentido, ante la prolongación innecesaria del plazo, los funcionarios pudieron optar por una Contratación Directa por Desabastecimiento como lo prevé la Ley de Contrataciones del Estado, a fin de que Migraciones cuente con antelación con las libretas de pasaporte electrónico para atender la demanda de la ciudadanía en este caso, conforme venía advirtiendo la DIROP y que era de conocimiento de la Oficina de Administración y Finanzas (OAF) y la Unidad de Abastecimientos (UA) de la entidad.

Cabe señalar que esta situación de desabastecimiento se produjo por un incremento de demanda no prevista suscitada desde abril de 2021, según información obtenida por la comisión auditora. De 5830 pasaportes emitidos en febrero se incrementó a 40.029 en abril y así sucesivamente, llegando incluso a emitirse 93 291 pasaportes en noviembre de 2021, lo que conllevó al agotamiento prematuro de los insumos. Este hecho se suscitó en el marco de las elecciones generales (primera y segunda vuelta), la apertura de vuelos internacionales y las vacunaciones contra el COVID-19 en el exterior del país, por lo que Migraciones brindó atención en horario ininterrumpido de 24 horas desde el 14 de junio de ese mismo año, en su sede principal.

Los resultados del presente informe de control específico fueron notificados oportunamente a la Superintendencia Nacional de Migraciones para el inicio del procesamiento de los funcionarios y servidores públicos comprendidos en el hecho observado.

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