El juez federal Thomas Hixson evaluó las causas por las cuales se pide extraditar a Alejandro Toledo. (Foto: Archivo GEC)
El juez federal Thomas Hixson evaluó las causas por las cuales se pide extraditar a Alejandro Toledo. (Foto: Archivo GEC)

El juez a cargo de la Corte del Distrito Norte de California, Thomas S. Hixson, definirá en los próximos días si procede o no la extradición del expresidente (2001-2006), quien es requerido por la justicia peruana por el .

En la primera audiencia de extradición realizada este viernes 24 de setiembre, el magistrado escuchó los argumentos de las partes. Toledo Manrique afronta una investigación por los presuntos delitos de soborno y lavado de activos.

La fiscalía estadounidense sustentó la posición del Estado peruano para que el expresidente responda ante los tribunales peruanos, mientras la defensa del exjefe de Estado pide negar este pedido.

La audiencia, que se celebró mediante la plataforma Zoom tras un acuerdo entre los procuradores y la defensa del exmandatario, contó con la asistencia de la fiscal Rebeca Haciski, Alejandro Toledo y su abogado, Graham Archer.

Por su parte, el juez precisó que se trató de una audiencia para determinar causa probable, donde se evalúan los hechos y la tipificación de los delitos, por los cuales se pide que Toledo Manrique retorne al Perú para ser juzgado.

Cabe indicar que en una causa probable se evalúa la evidencia que existe hasta el momento y que se ha presentado en la corte de Estados Unidos, a través del Departamento de Justicia.

Alejandro Toledo fue arrestado el 16 de julio del 2019 en Estados Unidos y los primeros meses del proceso de extradición fue recluido en la prisión de Santa Rita y la correccional Maguire, por considerarse que existía peligro de fuga.

Sin embargo, con el inicio de la pandemia del COVID-19 fue excarcelado el 20 de marzo del 2020 para cumplir arresto domiciliario. El exmandatario está obligado a usar un grillete, aunque ha sido amonestado verbalmente por violar la medida.

El expresidente peruano afronta un pedido de extradición para que sea juzgado en el Perú por la presunta coima de 35 millones de dólares que habría recibido de la empresa brasileña Odebrecht.