El exministro Juan Silva es investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal. (Foto: archivo GEC)
El exministro Juan Silva es investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal. (Foto: archivo GEC)

El Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria dictó impedimento de salida del país contra el y dos congresistas de Acción Popular.

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En primer lugar dicha instancia judicial aprobó la medida coercitiva por 36 meses contra el extitular del MTC, quien es investigado por el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la presunta comisión de los delitos de colusión y organización criminal.

En tanto, se declaró fundado el mismo pedido por nueve meses contra los legisladores accionpopulistas Raúl Doroteo y Darwin Espinoza. Se rechazó la medida para Elvis Vergara, Juan Carlos Mori, Jorge Flores Ancachi e Ilich López. Ellos son investigados por el presunto delito de tráfico de influencias agravado.

La decisión se adoptó en el marco del Caso Puente Tarata - Provías Descentralizado, que involucra al exsecretario del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, además de Fray Vásquez y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario Pedro Castillo.

En abril pasado el Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Anticorrupción formalizó su investigación por la presunta comisión del delito de colusión agravada en organización criminal.

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PJ dicta impedimento de salida del país contra Juan Silva y dos congresistas de Acción Popular (Video: Panamericana)

Esto en relación con el proceso de selección de propuestas para la obra ‘Construcción del Puente Vehicular Tarata sobre el Río Huallaga’, que se otorgó al Consorcio Puente Tarata III, que estaba conformado por la compañía Termirex S.A.C., a la cual Karelim López brindaba supuestos servicios de asesoría.

De acuerdo con la carpeta fiscal, se presume que el presidente de la República, Pedro Castillo, sería el cabecilla de una organización criminal con el propósito de “encontrar proveedores para favorecerlos”.

Eran 13 personas que están siendo investigadas por el Caso Puente Tarata; no obstante, solo siete de ellas tienen orden de prisión preventiva, mientras que a las restantes, incluida Karelim López, se les dictó comparecencia con restricciones.

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