POR: MIGUEL RAMÍREZ / Periodista de investigación

Pese a las graves acusaciones de corrupción que le salpican todos los días, el presidente Pedro Castillo no para de hacer de las suyas. La semana pasada emitió un decreto supremo que vulnera flagrantemente la ley con un solo objetivo: tomar la Derrama Magisterial (DM).

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“Es como si el Gobierno hubiera intervenido un banco. Esa institución es una persona jurídica de derecho privado que regula los aportes de los maestros. Es supervisada por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), como nosotros. Sorprende que ninguna personalidad haya protestado por esto. Es gravísimo”, me dice un ejecutivo de una entidad bancaria privada.

La norma, en estricto, pretende que todo el control de la DM pase a manos de la Federación Nacional de Trabajadores en la Educación del Perú (Fenate), el sindicato creado por Castillo cuando era profesor y por dirigentes vinculados a Sendero Luminoso.

Su intención, además, es apoderarse de los más de S/ 2933 millones que maneja, eficientemente, esa entidad en activos que pertenecen a 280 mil docentes afiliados. El plan, de acuerdo a una fuente del Gobierno, es devolver esa cantidad de dinero a los profesores que lo soliciten y quebrar la institución.

“Castillo está pensando en las elecciones de octubre. Necesita votos. Es astuto y siniestro. Sabe muy bien que cualquier profesor va a aplaudir a rabiar que le entreguen dinero en estos momentos de crisis”, dice el informante. Claro, el mandatario también ha aprovechado que los directivos de la DM no hayan tenido un acercamiento eficiente y efectivo con sus afiliados.

En solo cuestión de horas, Castillo hizo lo que no pudo hacer legalmente desde julio del año pasado. Apenas llegó al poder, él y su bancada quisieron tener el control de la Comisión de Educación para, a través de ella, destruir a la DM, que es administrada por sus archienemigos, el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep) y el partido Patria Roja.

En agosto del año pasado, hasta el mismo Castillo fue al Congreso a rogarle a la presidenta María del Carmen Alva que le dieran a su partido la presidencia de esa comisión, pero no lo logró.

Desde ese entonces, su bancada presentó siete proyectos de ley contra la Derrama Magisterial, pero todos, sin excepción, no tuvieron éxito.

Lo que ha hecho Castillo es una ilegalidad brutal que no se debe dejar pasar. Es igual que el decreto supremo que pretendió encerrarnos a los limeños y chalacos el 5 de abril de este año, con el cuento que se producirían secuestros y saqueos en la capital. Pero allí miles de ciudadanos salieron a las calles a protestar y Castillo se vio obligado a levantar el abuso.

En el mediocre Congreso, sus integrantes están mudos, solo están pensando en la bicameralidad para ser senadores y reelegirse. ¡Por eso nadie los quiere! Pobre país. Nos vemos el otro martes.

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