La abogada de Giulliana Loza, cuestionó los allanamientos que solicitó el fiscal y que fueron aprobados por el Poder Judicial

Según la defensa de Keiko Fujimori, esta diligencia ha sido aprobada sin que el Ministerio Público haya citado o requerido información a las propietarias de los inmuebles ubicados en Miraflores y Surco: Rocío del Carmen Pardo-Figueroa Álvarez y Giannina Pamela Eloisa Delgado Rospigliosi respectivamente.

"Allanar e incautar los domicilios de 2 jóvenes que ni siquiera han sido citadas como testigos y a las que nunca se les requirió documentación es un atropello y una injusticia más del fiscal (José Domingo) Pérez. ¡Basta de abusos contra Keiko!", escribió en su cuenta de Twitter.

Según Giulliana Loza, estas nuevas medidas solicitadas por José Domingo Pérez buscan afectar el proceso de la casación que planteó ante la Corte Suprema que busca anular la prisión preventiva de Keiko Fujimori.

"Una vez más, la fiscalía usa instrumentos procesales para presionar indebidamente a la Corte Suprema y evitar que Keiko recupere su libertad. ¡El show del fiscal no tiene límites!", indicó la abogada.

En esa línea, Loza aseguró que Fuerza Popular entregó hace tres años documentación contable, además de la información que se obtuvieron durante los allanamientos a locales partidarios y el domicilio de los dirigentes del partido, por lo que calificó estas nuevas diligencias como "abusos".

Según informó el fiscal José Domingo Pérez, el allanamiento a estos inmuebles en Miraflores y Surco buscan encontrar información que, según han acreditado en sus investigación, fue sustraída de los locales de Fuerza Popular durante los allanamientos que se realizaron el 7 de diciembre del 2017.

"Está debidamente acreditado que (la información) fue sustraída. Tenemos una línea de investigación de que podría estar oculta (en estos inmuebles) pero también hay otra línea de hipótesis que habría sido incinerada luego que fuese sustraída del alcance de los fiscales", señaló el fiscal ante la prensa.

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