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Policías infiltrados del son protagonistas de uno de los mayores escándalos policiales debido a las prácticas que realizaban con las personas que espiaban. Muchos de ellos robaron identidades de niños fallecidos y tuvieron hijos con sus investigados.

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En el 2010, a Kate Wilson sus amigos le advirtieron que su exnovio Mark Stone, a quien conoció en una manifestación contra el G8, nunca existió. Era en realidad un policía llamado Mark Kennedy, casado y padre de familia, infiltrado entre los activistas.

“Es absolutamente horrible”, dice a la AFP esta enfermera de 42 años. Los recuerdos de tu vida quedan “completamente destruidos”.

El agente había sido desenmascarado por Lisa, otra de las muchas mujeres con las que entabló relaciones durante su larga misión que también lo llevó a España, Francia y Alemania.

Tras vivir juntos seis años, había encontrado su verdadero pasaporte.

“Era la persona con la que compartía todo”, dice en la web “Police Spies Out of Lives”, una asociación que defiende a mujeres como ella “engañadas (...) por el Estado”.

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Apodados “policías espías”, varios de estos agentes mantuvieron largas relaciones sentimentales con sus “objetivos”. Y se apropiaron de las identidades de personas, en su mayoría niños, fallecidos.

Algunos incluso tuvieron hijos, como “Bob Robinson” (en realidad Bob Lambert), cuyo hijo nació en 1985, un año después de que conociera a Jacqui, una joven que creía compartir su amor por la causa animal.

Desapareció dos años después, afirmando ser perseguido por la policía. En realidad, había terminado su misión. Jacqui no se enteró hasta el 2012 por un periódico.

Buscar “la verdad”

“Esta investigación buscará la verdad”, afirma David Barr, un abogado del equipo de investigación que comenzó a trabajar la semana pasada.

Según los medios, desde 1968 al menos 139 agentes de policía se han infiltrado en más de mil grupos, en su mayoría de izquierda, pero también de ultraderecha, sindicatos, organizaciones ecologistas, asociaciones antirracistas, pacifistas y feministas.

Fue en ese año cuando Scotland Yard creó el Escuadrón Especial de Manifestaciones, inicialmente para monitorear las protestas contra la guerra de Vietnam.

Se disolvió en 2008, al igual que la Unidad Nacional de Inteligencia de Orden Público dos años después.

“Algunos de estos grupos eran tan marginales que estas operaciones eran difíciles de justificar”, explica la abogada Lydia Dagostino, que coordina la defensa de las personas espiadas.

Fueron las revelaciones sobre el espionaje a la familia de la víctima de un crimen racista, que marcaron al Reino Unido, las que conmocionaron a Theresa May, entonces ministra del Interior, llevándola a abrir una investigación pública en 2015.

Un antiguo agente encubierto, Peter Francis, había declarado a la prensa haber espiado para intentar desacreditarlos a los padres de Stephen Lawrence, un joven negro asesinado por hombres blancos en 1993 en Londres.

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Las primeras audiencias de la investigación pública, con un coste de 30 millones de libras (40 millones de dólares) no comenzaron hasta cinco años más tarde, tras retrasos debidos a la sensibilidad del caso y luego a la pandemia de . No se esperan conclusiones antes de 2023.

Los espiados tienen “un verdadero deseo (...) de conocer la verdad, de saber qué les pasó y por qué, y quién (...) tomó las decisiones”, explica Dagostino, “para que esto no vuelva a suceder”. “Algunos están destruidos y nunca se recuperarán”, agrega.

En 2015 la policía de Londres pidió disculpas a varias mujeres y las compensó económicamente. Dijo que las relaciones sexuales con “objetivos” no estaban permitidas y que esas prácticas eran cosa del pasado, ya que la infiltración de agentes se basaba ahora en “un código de ética claro y con un marco legislativo”.

Pero esta justificación es insuficiente para Kate, que deplora una investigación de fachada, marcada por el “encubrimiento”.

Lamenta que las audiencias no sean accesibles al público ni se difundan por internet, a pesar de la publicación de las transcripciones, y especialmente que no se haya identificado a decenas de agentes de policía, ni siquiera con sus nombres falsos.

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