El Sindicato Único de Trabajadores de la unidad minera Inmaculada y la Federación de Trabajadores de denunciaron la posible pérdida de sus puestos de trabajo ante el anuncio de la del cierre de las operaciones mineras de esa empresa en .

Señalaron que son más de 5 mil 300 trabajadores de Ares, agrupados en tres sindicatos, los que se mostraron extrañados y preocupados por la medida, que significará dejar de laborar en las unidades mineras Inmaculada y Pallancata.

“La pretendida medida de cierre es ilegal y arbitraria, y se contradice abiertamente con los anuncio del presidente Pedro Castillo de trabajar para ‘el pueblo’. Con esta medida se perjudicaría a miles de familias, cuentos de proveedores (grandes, medianos y pequeños), a las comunidades y decenas de miles de ciudadanos, que somos parte del pueblo que el gobierno dice defender y beneficiar”, señalan en un comunicado.

SIN TRABAJO

Agregaron que como empleados de Ares son testigos directos de los altos estándares y prácticas ambientales aplicados en las unidades mineros de la empresa y la preocupación por la seguridad del personal y el cuidado del medio ambiente, así como de una permanente capacitación y superación.

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“Laboramos en las citadas unidades mineras, muchos con varios años de servicio digno, seguro y del cual recibimos todos los beneficios laborales y sociales por parte de nuestra empleadora”, señalaron.

Comuneros impiden el ingreso de vehículos de las mineras Bateas, Ares y Buenaventura
Comuneros impiden el ingreso de vehículos de las mineras Bateas, Ares y Buenaventura

Asimismo, precisaron que “con sorpresa y malestar, vemos que, sin ningún sustento ilegal ni fáctico, la premier pretende cerrar nuestro centro de trabajo, lo cual representará un grave perjuicio para nosotros y nuestras familias”.

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En ese sentido, invocaron a Mirtha Vásquez a corregir esa ‘arbitrariedad’ y mas bien que el gobierno trabaje para atraer más inversiones que puedan generar más puestos de trabajo y oportunidades para el pueblo peruano.

Ayer, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado para asegurar que cuatro unidades mineras que fueron mencionadas en los acuerdos con dirigentes y autoridades de Ayacucho ya se encuentran con planes de cierre establecidos y aprobados por el Ministerio de Energía y Minas.

Ante ello, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas () y las empresas mineras Ares, Apumayo y SAMI expresaron su rotundo rechazo a la “medida arbitraria e ilegal” realizada por el gobierno de Pedro Castillo a través de la premier Mirtha Vásquez, al anunciar el retiro y cierre de cuatro operaciones mineras de dichas empresas ubicadas en el sur de Ayacucho, así como la prohibición de posibles ampliaciones para realizar procesos de explotación o exploración.

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